Todo sobre la nueva Ley Antiokupas en España en 2024
La Ley Antiokupas ha surgido como respuesta al incremento de ocupaciones ilegales en España, una problemática que afecta tanto a los propietarios como a la convivencia en comunidades vecinas.
Esta normativa y reforma busca agilizar los desalojos y endurecer las sanciones para los infractores. Además representa un avance en la protección de la propiedad privada, pero también plantea desafíos en su aplicación, especialmente cuando entra en conflicto con otras normativas, como por ejemplo, cuando se hace referencia a por qué no se puede desalojar a un okupa.
Ley de ocupación y efectividad de una alarma
La legislación española diferencia entre el allanamiento de morada y la usurpación de bienes a la hora de establecer las penas para los okupas. Así pues, a la hora de instalar una alarma conviene conocer los siguientes puntos:
- Allanamiento de morada: se considera allanamiento cuando se accede a las primeras y segundas residencias. En este caso, la expulsión es inmediata y las penas pueden alcanzar los cuatro años de cárcel según refleja lo publicado en el número 142 del 12 de junio de 2018 en el BOE sobre la 'Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas'.
- Usurpación: el delito de usurpación se produce cuando se invade un inmueble que no es la morada habitual, es decir, nadie vive ahí. En este caso, el desalojo se produce mediante orden judicial y las penas solo son económicas.
Ley 5/2018 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas
- La Ley 5/2018, de 11 de junio, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, protegiendo los derechos de los propietarios legítimos.
- Introduce un procedimiento rápido para recuperar posesiones y obliga a notificar a servicios sociales en casos de vulnerabilidad.
- Permite demandas genéricas contra ocupantes desconocidos y establece medidas de cooperación entre administraciones para atender situaciones de exclusión residencial.
Principales cambios en la Ley 'anti okupa'
- Diferenciación de delitos:
Se establece una separación más clara entre usurpación (ocupación de inmuebles deshabitados) y allanamiento de morada (entrada ilegal en viviendas habitadas). - Incremento de penas:
Las sanciones por usurpación con violencia se endurecen significativamente. - Procedimientos más rápidos:
Los procesos judiciales para desahucios serán más ágiles, reduciendo la carga burocrática.
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Alarmas anti okupas con aviso a la policía desde sólo 19,90€/mes.
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En qué consiste la nueva Ley Antiokupas
Esencialmente está diseñada para reforzar la protección de los derechos de los propietarios.
Entre sus aspectos más destacados se encuentran:
- Desalojo exprés en 24 horas, siempre que los okupas no puedan demostrar legalmente su derecho a estar en la vivienda.
- Endurecimiento de penas por ocupación ilegal, especialmente si se lleva a cabo con violencia o intimidación.
- Ampliación de las competencias legales para comunidades de propietarios, que podrán emprender acciones legales.
Cuándo entra en vigor la Ley Antiokupación
La reforma de esta nueva Ley Antiokupación, que modifica la de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los desalojos en casos de allanamiento de morada y usurpación, aún no tiene una fecha definitiva de entrada en vigor.
Actualmente, se encuentra en tramitación en el Senado. Una vez aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley comenzará a aplicarse inmediatamente.
El texto, ya aprobado en el Congreso de los Diputados, propone procedimientos abreviados que permitirán resolver estos casos en un máximo de 15 días desde la puesta a disposición judicial. Esto incluye la posibilidad de desalojos exprés en ciertos casos y penas más severas para ocupaciones violentas o con intimidación.
Cómo choca esta nueva ley con la de vivienda
Ambas entran en conflicto con algunos preceptos, especialmente en lo referente a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Según la nueva normativa, los desahucios exprés podrán ser suspendidos temporalmente si los servicios sociales identifican a los okupas como vulnerables, lo que genera tensiones entre ambas legislaciones.
Qué implica esta reforma para los propietarios
Los propietarios contarán con más herramientas legales para proteger sus inmuebles:
- Mayor agilidad en desalojos.
- Posibilidad de actuar de forma conjunta con comunidades de vecinos.
- Reducción de los tiempos legales de espera para recuperar la posesión de una propiedad privada.
Plazos legales que afectan a la ocupación de inmuebles
El tiempo promedio para ejecutar un desalojo siempre dependerá de la naturaleza del caso:
- Desalojo exprés:
En 24 horas, sólo si no hay documentación legal que justifique la ocupación. - Casos vulnerables:
Retrasos en los procesos judiciales hasta que se encuentren alternativas habitacionales adecuadas.
El método antiokupas que ampara la Ley y crece un 38% en España
Con la implementación de esta ley, se ha popularizado el uso de medidas preventivas como alarmas antiokupas, alarmas para casa o sistemas de videovigilancia.
Estos dispositivos de seguridad permiten detectar intrusiones en tiempo real y facilitar una respuesta rápida de las autoridades, lo que ha incrementado su demanda en un 38%.
Las únicas posibilidades por las cuales la policía puede desalojar una casa
Existen únicamente dos opciones:
- Los okupas no presentan un título legal válido.
- El propietario presenta pruebas suficientes de su derecho a la vivienda.
Por otro lado, en casos de allanamiento de morada, las fuerzas de seguridad pueden actuar sin autorización judicial previa.
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Preguntas frecuentes sobre la Ley Antiokupas
¿Qué dice la Ley sobre los okupas?
En general endurece las penas para los ocupantes ilegales, permitiendo desalojos en tan sólo 24 horas, y refuerza los derechos de los propietarios.
Por otro lado, también otorga a las comunidades de vecinos la capacidad de actuar contra ellos en sus inmuebles.
¿Qué va a pasar con los desahucios en 2024?
Se espera una agilización significativa en los procesos de desalojo gracias a esta nueva ley, aunque seguirá habiendo excepciones en casos de vulnerabilidad, que podrían extender los plazos de ejecución.